¿Qué hacer cuando no hay acuerdo de indemnización con tu seguro? Huye del artículo 38 de la LCS

¿Qué dice la norma cuando no hay acuerdo entre la resolución adoptada por la aseguradora y tus pretensiones como tomador o asegurado? ¿Qué pasa cuando no estás de acuerdo con la oferta económica que tu aseguradora te hace de tu siniestro de coche, tu incendio en tu empresa, los daños por inundación en tu casa, la resolución del seguro de accidentes, etcétera? Esto está regulado por el artículo 38 de la LCS, que puedes consultar aquí.

Existen dos situaciones cuando sufres un accidente y hay un seguro que te debe pagar la prestación
  1. Que sea tu seguro de daños el que deba pagarte (vehículos con daños propios, hogar, empresa, vida, accidentes, etcétera)
  2. Que sea el seguro que cubre la responsabilidad civil o patrimonial de otro quien deba pagarte (RC general, RC actividad, RC profesional, responsabilidad patrimonial de la administración, etcétera).
¿Qué dice la ley?

El artículo 38 de la LCS “parece” que “intente resolver” amistosamente la situación de desacuerdo entre aseguradora y asegurado, pero la realidad es que está hecho para beneficiar a la aseguradora. Te explicamos el porqué y las alternativas a este artículo que parece “inofensivo”.

El artículo, resumido, dice: cuando el asegurado haya informado al seguro del accidente, las consecuencias y la valoración de los daños, y exista acuerdo entre las partes, el asegurador deberá pagar la prestación convenida entre los dos. Atención que la indemnización no es una decisión unilateral del seguro sino un acuerdo entre las partes: asegurado y aseguradora. Si no hay acuerdo entre las partes, cada uno deberá contratar a un “perito de seguros” para que sean éstos los que se pongan de acuerdo. Si no hay acuerdo entre éstos, que sucede en la mayoría de ocasiones, el asegurado y el seguro deberán costear a medias a otro perito que generalmente lo designará un juez o notario. Entre los tres peritos deberán resolver el asunto por mayoría, y el acuerdo deberá reflejarse en un documento. Este acta reflejará las causas del siniestro, la valoración de los daños, las demás circunstancias que influyan en la determinación de la indemnización, según la naturaleza del seguro de que se trate y la propuesta del importe líquido de la indemnización.

¿Dónde está el problema?
  1. Este procedimiento obliga a contratar a peritos cuando en la mayoría de ocasiones se trata de desacuerdos en temas sencillos y de poca cuantía, y la contratación de estos profesionales sale mucho más caro que la propia cantidad reclamada por el asegurado. En muchos casos el perito no es necesario. Las malas aseguradoras lo saben perfectamente y por eso se aprovechan de la situación a modo que, de entrada, el asegurado desistirá a este trámite por ser antieconómico.
  2. Si el asegurado tiene la razón o la mayoría de ésta ante una exclusión u oferta a la baja de una aseguradora, el asegurado jamás recuperará el dinero desembolsado de los peritos. De hecho, las aseguradoras, para evitar que a su cliente le salga gratis el procedimiento pericial, excluyen de la garantía de defensa jurídica y reclamación de daños pagar a los peritos cuando la reclamación del asegurado va dirigida a ellas mismas. De este modo hay muchas más posibilidades que el asegurado desista, de entrada, a la reclamación. La garantía de defensa jurídica y reclamación de daños no sirve para reclamar a tu propio seguro. Sirve para reclamar a todos menos a tu seguro. De este modo las aseguradoras “se vacunan” contra su propio cliente, aunque la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones debería pronunciarse si esta cláusula, al pagar prima el asegurado, es abusiva.
  3. Puesto la actividad de perito de seguros no está regulada es un auténtico cachondeo. Y del mismo modo que hay peritos buenísimos que son los utilizados por las aseguradoras y resto de gente que quieren actuar de manera honesta y profesional, existen multitud de peritos impresentables, ya sea por falta de conocimientos o corruptos, que son los utilizados por aquellas aseguradoras o personas que quieren timar a la otra parte. Si existiera una Ley que regulara y un organismo que sancionara severamente las malas actuaciones de los peritos malos y los sacara de circulación, nos ahorraríamos todos bastantes problemas.
  4. La falta de transparencia de muchas aseguradoras es otro de los problemas fundamentales en este asunto. No habría tantos problemas si la ley obligara a la aseguradora a obrar con la misma transparencia que se le exige al asegurado. El asegurado debe declarar y acreditar al asegurador las causas, las consecuencias y los daños para percibir la indemnización. Tal como comentamos en nuestro post “la transparencia de las aseguradoras respecto a la resolución del siniestro“, ¿Por qué las aseguradoras no están obligadas a obrar con la misma transparencia con su asegurado cuando así se le exige al asegurado en sentido contrario? ¿Por qué no están obligadas a realizar ofertas motivadas y acreditadas, y de este modo el usuario sabría perfectamente el porqué de la decisión de la aseguradora? ¿Por qué no entregan a su asegurado el informe pericial y resto de documentación acreditativa? ¿Qué tienen que esconder? La respuesta es muy sencilla: Si la aseguradora estuviera obligada a acreditar su oferta económica motivada con los informes periciales y resto de documentos acreditativos, el asegurado tendría en sus manos todo para quedar convencido o, por el contrario, reclamar aquello que claramente ve que no está conforme a derecho en caso de haber errores o ésta hubiera obrado mal. ¡No haría falta el artículo 38 de la LCS! Pero la no obligación a realizar ofertas motivadas y el artículo 38 permiten a la aseguradora, y a su perito, poder modificar y rectificar su postura en base a la reclamación del asegurado, las circunstancias e intereses que vayan surgiendo dependiendo de cómo avance el conflicto con el usuario. Podríamos decir que el artículo 38 permite una oportunidad de oro a la aseguradora para que pueda “montar” estratégicamente un relato perfecto dependiendo de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos. Si la aseguradora tuviese la obligación de entregar el informe pericial al asegurado junto con toda la documentación, el perito no podría cambiar de criterio ni utilizar las técnicas oscuras tan frecuentes en la que nos encontramos los profesionales a quienes nos gusta hacer las cosas bien y no tenemos nada que esconder. Si haces lo que debes no tienes miedo a entregarle a la otra parte lo que haga falta.
¿Cómo resolver este asunto?

Puesto el trámite pericial del artículo 38 de la Ley 50/1980 perjudica al asegurado, hay que ir directamente a demandar a la aseguradora como si se tratara de una reclamación civil. Buscar un perito sólo si es estrictamente necesario y acreditar la demanda.

En la reclamación aportarás todas las pruebas, incluida la pericial si es necesaria, donde la aseguradora contestará con su pericial, que si es de las timadoras hará cambiar el informe a su perito dado el caso que vea que éste se equivocó o actuó con falsedad manifiesta. En caso que vean que su defensa no se aguanta por ningún lado, te darán la razón en el proceso extrajudicial.

Si ya se ha iniciado el trámite pericial del artículo 38 de la LCS, intentar por todos los medios que los dos peritos lleguen a un acuerdo o desacuerdo cerrado por escrito, sobretodo de valoración de daños y causas. La cuestión es reflejar por escrito el acuerdo o desacuerdo. Si no se llega a un acuerdo con la aplicación de las circunstancias derivadas del contrato de seguro ni la propuesta de indemnización no pasa nada. Este último extremo no es un tema técnico sino jurídico, y por tanto, podrás dar el tema por cerrado y traspasarlo a la instancia judicial mediante una demanda civil para que juez resuelva el tema jurídico. Piensa que la mayoría de peritos timadores y piratas no querrán comprometerse ni dejar nada por escrito.

¿Cómo debería solventarse este problema que afecta a de millones de personas anualmente?

Finalmente comentar que para resolver los desacuerdos que tengas con tu aseguradora sería tan sencillo como derogar el trámite pericial del artículo 38 e incluir la obligatoriedad de la aseguradora a que realizara una oferta motivada similar a la descrita en el artículo 7 de la Ley 35/2015. Así de simple.

Por otra parte debería prohibirse la limitación de derechos del asegurado existente en la garantía de defensa jurídica y reclamación de daños del pago de profesionales cuando el usuario tiene que reclamar a su propia aseguradora. De hecho y si el contrato no está específicamente firmado por el asegurado (artículo 3 LCS), el asegurador no puede aplicar dicha cláusula limitativa de derechos del asegurado.

Ésta es la solución por lo que las aseguradoras malas actuarían como las buenas, o sea, haciendo las cosas bien a la primera.

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