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El lucro cesante de las empresas, el Coronavirus (Covid-19) y el Consorcio de Compensación de Seguros

En otro post ya hemos hablado acerca de la pérdida de actividad o lucro cesante por el Coronavirus (Covid-19). ¿Pero quien debe pagar las indemnizaciones por esas pérdidas?

El Consorcio de Compensación de Seguros

La naturaleza del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) y su origen fundacional no es más que dotar al sistema asegurador español de una entidad aseguradora que se haga cargo de los daños materiales y lucro cesante, o pérdida de beneficios, que sufran los tenedores de contratos de seguros frente a los riesgos extraordinarios, entre otras muchas funciones.

En el Reglamento de Riesgos Extraordinarios (RRE – Real Decreto 300/2004 publicado en el BOE de 20 de febrero de 2004) puedes consultar lo que se entiende por Riesgos Extraordinarios. Se trata de catástrofes nucleares, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, etcétera. Por tanto, todo aquél que tenga un seguro de daños sobre los bienes o personas y/o pérdida de beneficios (=lucro cesante), le quedará cubierto por el siniestro por el CCS siempre que sea una causa incluida en el Reglamento de Riesgos Extraordinarios.

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Un poco de historia que te ayudará a comprender nuestro argumento

Los días 23, 24 y 25 de enero de 2009 la Península Ibérica fue azotada por el Ciclón extratropical Klaus que causó muchísimos desperfectos. Por aquel entonces el Reglamento de Riesgos Extraordinarios que afectaba al CCS no cubría los daños por viento, y por tanto debían ser las compañías de seguros ordinarias las que se hicieran cargo de los accidentes causados por esa siniestralidad.

Por arte de «magia» fue el Consorcio quien acabó asumiendo todo el coste de la siniestralidad del Klaus cuando lo debían haber asumido las aseguradoras ordinarias. Ese tipo de riesgo no estaba tipificado como cubierto en el Reglamento de Riesgos Extraordinarios vigente en enero de 2009. Suponemos que debió haber muchas presiones de alguien vinculado a las aseguradoras para que el CCS acabara asumiendo algo que lo debían de haber asumido las propias aseguradoras ordinarias españolas. Esta maniobra hizo que las aseguradoras ordinarias no se vieran afectadas por esa siniestralidad y el CCS asumiera todo ese coste.

La explicación que el CCS dio en ese momento para asumir el coste íntegro de toda la siniestralidad del Klaus sin tener la obligación legal de hacerlo ya que no estaba incluido en el Reglamento fue que la naturaleza del CCS era la de asumir los Riesgos Extraordinarios y que, aunque la Tempestad Ciclónica Atípica (TCA) acaecida no estaba incluida reglamentariamente, la naturaleza del propio CCS es justamente la de asumir este tipo de riesgos de carácter extraordinario.

La cuestión es que a partir del Klaus se modificó el Reglamento de Riesgos Extraordinarios y el 14 de octubre de 2011 (Real Decreto 1386/2011) se incluyó el riesgo de TCA (Tempestad Ciclónica Atípica).

¿Fue una maniobra «correcta»? Ya sabéis que existe una gran diferencia entre la legalidad y la justicia, y en muchas ocasiones la legalidad no es nada justa pero es lo que hay. La verdad es que para nosotros no fue una “maniobra legal» (la norma no permitía al CCS asumir el coste de esa siniestralidad) pero sí fue » justo» ya que entendemos que efectivamente la naturaleza del CCS está para eventos extraordinarios, sean los que sean independientemente que esté en el Reglamento de Riesgos Extraordinarios o no.

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¿Y qué significó esta jugada para las arcas públicas?

El CCS es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, y como tal, sus ingresos o presupuesto no provienen de los Presupuestos Generales del Estado, o sea, su financiación no tiene su origen en fondos públicos sino privados. El CCS obtiene sus ingresos de las primas exclusivas que las aseguradoras ordinarias recaudan y liquidan para esa entidad. Con el CCS las aseguradoras ordinarias hacen la función de «recaudadoras» del mismo modo que las empresas y profesionales liberales Free-Lance autónomos hacen de «recaudadores» de las cuotas de la Seguridad Social, IVA o IRPF para el Gobierno del Estado. Por tanto el CCS es una entidad «privada» gobernada por la Administración donde todos los que tenemos contratados seguros de daños materiales y/o personales, incluyendo los seguros de responsabilidad civil de suscripción obligatoria de los vehículos a motor, fuimos los que soportamos el coste de esa siniestralidad pagándole la correspondiente prima.

Esto es para explicar que tranquilos. De nuestros fondos públicos no salió ni un céntimo de euro para esa siniestralidad. Eso se asumió con las primas de seguro que pagamos al contratar seguros privados. Por tanto fue una maniobra «ilegal» o «poco corriente» entre aseguradoras pivadas (el CCS y conjunto de aseguradoras ordinarias representadas por UNESPA) para, suponemos, al año siguiente no incrementaran las primas que afectan a los riesgos de fenómenos atmosféricos.

¿Qué pasa con el Coronavirus (Covid-19), el CCS y la garantía de lucro cesante de las empresas y autónomos?

Obviamente la pandemia del Coronavirus (COVID-19) es un fenómeno súper extraordinario. Desde la pandemia de la gripe española de 1918 donde murieron en todo el mundo entre 50 y 100 millones de personas en 11 meses no conocemos otro episodio como éste. Esa pandemia mató a más gente que la Peste Negra del siglo XIV donde murió mucha menos gente en 5 años.

La cuestión es que el riesgo de pandemia no figura en el Reglamento de Riesgos Extraordinarios del CCS, y por tanto, en teoría las empresas no pueden cobrar la indemnización del CCS por la garantía de Lucro Cesante cuando sobreviene esa causa. De hecho, aunque sea un Riesgo Extraordinario no reglamentado por el CCS, si una persona con un seguro de vida (seguro de fallecimiento) fallece por causa del Coronavirus (COVID-19), no será el CCS quien indemnice a los beneficiarios como en un caso de muerte por terrorismo, sino que será injustamente la compañía de seguros ordinaria.


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Nosotros creemos que con el precedente del Klaus donde el CCS, alegando a su naturaleza de cobertura de los riesgos extraordinarios aunque no estuvieran reglamentados asumió todos los costes de daños materiales, personales y lucro cesante, entendemos que en la presente ocasión el CCS debería asumir todas las pérdidas de beneficios (lucro cesante) de todas las empresas o autónomos que tuvieran seguros de pérdidas pecuniarias o la garantía de lucro cesante por la misma razón, y por tanto, asumirlo íntegramente. De este modo descargarían al Gobierno de España a soportar mucha parte de los costes de esta crisis pandémica y el CCS actuará según su naturaleza y razón de ser.

Si el CCS se «saltó» el reglamento y lo pudo hacer por las aseguradoras y el Klaus, ¿no lo podrá hacer ahora por los ciudadanos españoles y ayudar a la economía del país?

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